El 66 por ciento de los autores de los crímenes más aberrantes durante la última dictadura se encuentra en su casa
Organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas marcharon hoy a la Plaza de Mayo para conmemorar el aniversario número 43 del comienzo de la última dictadura militar y que manchó de oscuridad a la historia argentina, teniendo en cuenta los miles de desaparecidos que hubo en manos de los represores de nuestro país.
En este contexto de lucha por los derechos humanos en Argentina, se debe conocer que los represores en prisión domiciliaria ya duplican a los que están tras las rejas en diferentes cáceles del país.
Cabe destacar que, las cifras surgen de las estadísticas que lleva la Procuración General de la Nación e indican que es un tema que se abre paso en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, aunque el máximo tribunal aún no lo haya incorporado en su agenda para los próximos meses, discusión que podría llegar para la segunda mitad de este 2019.
Siguiendo esos números, en la actualidad, son 650 los represores a los que la Justicia benefició con el arresto domiciliario, ya sea por su avanzada o por cuestiones de salud. Lo cierto es que, en las cárceles del Servicio Penitenciario, hay alojados 252, según los datos que difundió recientemente la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad – a cargo de la fiscal Ángeles Ramos.
Esto significa que los el 66 por ciento de los autores de los crímenes más aberrantes de nuestra historia se encuentran privados de su libertad en sus casas, en desigualdad de condiciones de detención que cualquier genocida.
Los números son aún inferiores si se miran las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que publica que son 167 los reclusos por delitos de lesa humanidad los que están en sus cárceles y dos que están internados en hospitales fuera de las penitenciarías. De los cuales, 81 están alojados en la unidad 34, que se encuentra en Campo de Mayo, la guarnición que el gobierno planea usar en parte para instalar una reserva natural y que Abuelas de Plaza de Mayo reclama que sea convertido en un sitio de memoria.
Rehabilitada en 2016, la Unidad 34 ha sido el destino reclamado por acusados y condenados por crímenes contra la humanidad en los últimos tiempos. En tanto, a 43 años del último golpe militar los organismos Defensores de los Derechos marcharon hasta la Casa Rosada, donde se leyó un documento para denunciar que “la democracia está en peligro”.
El documento, de 18 páginas, fue leído por varios de los organizadores mediante tandas ante una multitud que no dejó de manifestar su rechazo al gobierno del presidente Mauricio Macri; y en particular a la labor de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
